La promulgación de la Ley de Pago a 30 días, celebrada casi con jubilo por parte del gobierno, tiene sus aprehensiones en algunos actores que representan o trabajan precisamente con quienes serían las más beneficiadas, las PYMES.

En este sentido, el gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío, Ronald Ruf, comentó que la aplicación de esta ley debiera mejorar ostensiblemente la relación entre clientes y proveedores, y deja a ambos en igualdad de condiciones.

«Nos parece una buena noticia para las empresas, sobre todo para aquellas de menor tamaño, pues al recibir el pago por sus servicios o productos dentro de este plazo, que es un tiempo razonable para dar cumplimiento, pueden contar con el financiamiento necesario para continuar sus operaciones de manera permanente e ininterrumpida»

Los pagos a proveedores que se dilatan por periodos muy prolongados, afectan directamente en la capacidad productiva y encarece sus costos, porque se ven en la necesidad de recurrir al sistema financiero para cubrir los vacíos generados en ese lapso.

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