Ronald Ruf Wilkomirsky
Gerente General CPC Biobío
Esta semana nuestra Región está de duelo, un duelo que hoy afecta a los trabajadores de la industria pesquera, pero que bien representa la vulnerabilidad en la que familias de cualquier sector productivo quedan cuando las leyes son definidas sin evaluar todos los impactos.
Las consecuencias de la Ley de la jibia en la Región del Biobío, podrían homologarse a lo sucedido con el cierre de Enacar durante los años ’90. Un proceso que dejó a Lota y Coronel a merced del desempleo y la falta de oportunidades reales de surgir, pues el plan de reconversión instaurado poco aportó a un pueblo dedicado por décadas a la vida en torno a la extracción del carbón.
Hoy, esta zona y otras comunas costeras, vuelven a ser azotadas por el desempleo con la puesta en marcha de una Ley y los medios de comunicación nos han dado cuenta de nuevas plantas cerradas porque cambiaron las reglas del juego, dificultando el funcionamiento de las faenas de extracción y procesos.
Empresarios, legisladores, autoridades y dirigentes sindicales han dado su visión y atribuyen responsabilidades en torno a un evento que es irreversible; mientras, centenares de trabajadores desvinculados debe pensar en cómo seguirán sosteniendo a sus familias. El enfoque social ha estado más alejado de la discusión. Se trata de una de las industrias más potentes de la Región y que absorbe fuertemente la mano de obra femenina, mujeres en muchos casos jefas de hogar y único sustento familiar y cuyos salarios que superan el promedio de otros sectores en la zona.
El propio ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo en Concepción que la Ley de la jibia es un error. Entonces, ¿seguiremos legislando bajo el «error»? ¿Seguiremos considerando que el desempleo regional es parte de la solución? ¿O aprenderemos la lección que nos deja esta crisis?
