Concepción, 06 de marzo de 2026.- Los gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declara como Humedal Urbano el sistema Rocuant–Andalién, decisión adoptada a pocos días del cambio de gobierno y que, en su forma actual, genera serias dudas respecto de su fundamento técnico y de las consecuencias que tendrá para el desarrollo del Gran Concepción.
Es importante subrayar que existe pleno consenso en torno a la necesidad de proteger los humedales. La protección ambiental es un principio que compartimos y valoramos. Sin embargo, esta debe basarse en datos, rigor técnico y diálogo transparente, no en resoluciones apresuradas que ignoran antecedentes fundamentales.
Esta decisión, aparece más bien como una acción de última hora de la administración saliente que como el resultado de un proceso técnico serio y completo. En este caso, existen hechos objetivos que generan preocupación. Durante la tramitación se presentaron antecedentes que advertían que determinados sectores incluidos en la delimitación no cumplirían con los criterios establecidos por la ley para ser considerados humedales urbanos. Asimismo, se plantearon rectificaciones respecto de la delimitación originalmente propuesta, las cuales no habrían sido consideradas en la resolución final.
Asimismo, durante el proceso se presentaron antecedentes técnicos que indicaban que determinados sectores incluidos en la delimitación no cumplían con los criterios establecidos por la ley para ser considerados humedales urbanos. Estos antecedentes tampoco habrían sido debidamente incorporados en la resolución final.
Consideramos que las consecuencias de esta resolución apresurada de la autoridad saliente son graves, pues implican la paralización de proyectos urbanos estratégicos, la generación de incertidumbre jurídica sobre terrenos destinados al desarrollo, el desincentivo a la inversión privada y un impacto directo en el empleo y en la planificación territorial del Gran Concepción, afectando la certeza jurídica que requieren los proyectos de inversión para desarrollarse.
Lo que está en juego es el futuro del Biobío. Por esta razón, los gremios regionales estimamos que la resolución debe ser revisada por las nuevas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, inconsistencias y observaciones técnicas que han sido planteadas durante el proceso.
Es importante señalar que se trata de una resolución administrativa, la cual puede ser revisada y eventualmente corregida mediante un nuevo acto administrativo, incorporando adecuadamente los antecedentes técnicos disponibles y las rectificaciones inconsistencias y observaciones técnicas que han sido planteadas durante el proceso.
Nuestro planteamiento no busca debilitar la protección ambiental. Por el contrario, creemos que la protección de ecosistemas relevantes debe sustentarse en procesos sólidos, técnicamente fundados y ampliamente legitimados, precisamente para fortalecer la credibilidad de las políticas ambientales en el país.
Por ello, hacemos un llamado a las nuevas autoridades a revisar esta resolución, corregir los errores detectados y abrir un espacio de diálogo técnico que permita compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo responsable del Biobío.
La protección ambiental es fundamental, pero debe hacerse con rigor técnico, transparencia y diálogo. La Región del Biobío no puede permitirse decisiones apresuradas o incompletas que condicionen su futuro.
CPC Biobío – CORMA Biobío y Ñuble –Pescadores Industriales del Biobío – Socabio – ASEM – Pymemad – IRADE – CChC de Concepción – ASEXMA
