- Durante su participación en el encuentro Impulsa 2026, el biministro de Obras Públicas y Transportes destacó una cartera de más de US$2.200 millones en proyectos en ejecución en Biobío y otros US$900 millones por ejecutar. Planteó que la colaboración público-privada seguirá siendo clave, pero que la modalidad de financiamiento debe definirse según las características de cada iniciativa.
La coordinación entre las distintas instituciones será uno de los factores centrales para acelerar el desarrollo de infraestructura en Biobío, de acuerdo con el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, quien destacó durante su intervención en Impulsa 2026 la necesidad de avanzar con una mirada conjunta entre el gobierno central y la región.
El ministro reconoció que el avance de las distintas obras no ha sido homogéneo y planteó como desafío recuperar los plazos originalmente comprometidos. Aunque advirtió que algunos proyectos tendrán mayores dificultades que otros.
Para lograrlo, destacó la coordinación entre los equipos regionales y el gobierno central. “El compromiso y la gestión, la dedicación de los equipos, tanto en la región del Biobío como desde el Gobierno Central, está enfocada en el mismo objetivo”, afirmó.
Concesiones no son una fórmula para todo
Uno de los puntos centrales de su exposición fue el rol de las concesiones y la necesidad de evaluar caso a caso qué mecanismo resulta más conveniente para financiar y ejecutar una obra.
De Grange defendió la colaboración público-privada, pero planteó que no todos los proyectos tienen las mismas características ni justifican recurrir a una concesión. “Hay ciertos proyectos que tienen mucho más sentido que sean abordados mediante el sistema de concesiones, y hay otros que tienen más sentido que sean abordados mediante obra pública”, explicó.
La decisión, sostuvo, debe considerar el costo que finalmente asume el Estado. Como ejemplo, señaló que un proyecto financiado mediante una concesión de largo plazo puede terminar teniendo un costo significativamente mayor que si el Estado obtiene directamente financiamiento para ejecutarlo. Por ello, afirmó que el criterio debe ser “usar de la mejor manera posible el erario público”.
Eso no implica, según el ministro, abandonar el modelo de concesiones. Por el contrario, aseguró que el Gobierno continuará impulsándolo en aquellos proyectos donde considera que presenta ventajas. Actualmente, la cartera nacional de concesiones del ministerio de Obras Públicas alcanza los US$12.300 millones y la meta es elevarla a US$16.000 millones con nuevas iniciativas.
Una cartera regional que busca recuperar ritmo
En Biobío, De Grange distinguió entre los proyectos que ya están en ejecución y aquellos que aún deben comenzar. La cartera en ejecución supera los US$2.200 millones, mientras que los proyectos por ejecutar representan cerca de US$900 millones.
Entre estos últimos se encuentran iniciativas vinculadas a concesiones, obras hidráulicas y servicios sanitarios rurales. El ministro destacó que, para avanzar en ellas, será fundamental la coordinación con el Gobierno Regional y la articulación de los distintos presupuestos disponibles.
“Estamos más que coordinados con el Gobierno Regional para tratar de, en forma conjunta con los presupuestos del Gobierno Regional, avanzar en aquellos proyectos, tanto infraestructura como operación de transporte, que se traduzcan en una mejor calidad de vida para todos los chilenos”, afirmó.
La apuesta, dijo, es que esa coordinación permita destrabar iniciativas y acelerar una cartera que considera estratégica para el desarrollo de la región.
El ministro cerró su exposición con una definición sobre el sentido de esta inversión: “La verdadera grandeza de la infraestructura es convertir el esfuerzo de una generación en bienestar, en progreso y en esperanza para las generaciones que vienen”.
