Hace unos días, se puso en marcha la Mesa Regional de Inversión de la Región del Biobío. La noticia es positiva, sin duda alguna, y desde el sector empresarial valoramos que los llamados de alerta y las solicitudes de acciones urgentes para enfrentar la severa crisis laboral en nuestro territorio finalmente se estén plasmando y concretando en instancias de diálogo y trabajo. Aquí todos ayudamos y todos debemos sumar.
Sin embargo, quienes somos parte del motor productivo local sabemos con absoluta claridad que no podemos quedarnos solo en la foto oficial, en el apretón de manos protocolar o en la mera declaración de buenas intenciones. El tiempo de los diagnósticos está agotado; hoy estamos en modo acción para ejecutar y solucionar.
Nuestra región arrastra un daño estructural que hiere profundamente sus perspectivas de desarrollo: llevamos más de una década creciendo a tasas mediocres, en torno a un 2% anual, y hoy nos enfrentamos a una tasa de desocupación del 10,6%, una cifra alarmante que supera con creces el promedio nacional. Detrás de estas estadísticas no hay métricas frías ni gráficos abstractos de economistas; está la angustia real y cotidiana de miles de familias del Biobío que buscan una oportunidad laboral digna que no llega. La reactivación económica no es un debate académico; es una urgencia social de primera necesidad.
Es precisamente por esta razón que desde CPC Biobío no asistimos a esta Mesa a ser meros espectadores, sino aportantes activos: llegamos con la tarea hecha. Entregamos al biministro Daniel Mas, un levantamiento minucioso y una actualización detallada de los proyectos regionales de inversión. Este catastro, que sistematiza e identifica iniciativas que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada entre los años 2015 y 2026, tiene un objetivo clarísimo: destrabar los cuellos de botella en los permisos sectoriales y contribuir de manera técnica a que el aparato estatal se mueva con la agilidad y el ritmo que esta crisis amerita.
Conviene ser enfáticos en un punto crucial: agilizar no significa saltarse la fila, ni rebajar los estándares ambientales del país. Significa erradicar una “permisología” asfixiante que ha transformado la tramitación burocrática en un freno de mano para la competitividad, empujándonos a mantener un índice de desempleo estructural desfavorable frente a los promedios de la OCDE.
Todos queremos que a Biobío le vaya bien, porque comprendemos que si esta región despega, al país entero le irá bien. El sector privado tiene la disposición, el capital y la convicción para avanzar y generar puestos de trabajos formales, estables y de calidad. Sin embargo, en el escenario actual, nadie entierra recursos donde no hay reglas claras y tiempos de respuesta razonables. Es indispensable que se garanticen los ejes básicos de la certeza jurídica: seguridad, estabilidad regulatoria y una institucionalidad moderna que fiscalice con rigor, pero que al mismo tiempo promueva, acompañe y facilite la inversión.
La Región del Biobío lo tiene todo para volver a ser el polo industrial y productivo del sur de Chile: poseemos el talento humano, una red universitaria y científica de primer nivel, una infraestructura portuaria envidiable y un empuje empresarial probado a lo largo de la historia. Lo que nos frena no es la falta de visión ni de capacidades, sino una burocracia excesiva y una inercia centralista que no mide el impacto social de cada día que un proyecto permanece paralizado en un escritorio.
La Mesa Regional de Inversiones no puede ser una comisión más, ni un ejercicio de tramitación paralela. Tiene que ser, en definitiva, el punto de inflexión donde la «permisología» retroceda para que la inversión, el desarrollo y el empleo puedan, por fin, acelerar en favor de todos los habitantes del Biobío.
Cristóbal Herrera Gazale
Gerente general CPC Biobío
