Macarena Cepeda Godoy, presidenta Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES

Son 19 las iniciativas legislativas ingresadas en el Congreso que traspasan sus facultades, incluso sobreponiéndose o reemplazando atribuciones que son exclusivas del Ejecutivo. Se tratan de mociones que tienen vicios de constitucionalidad o son inscontitucionales.

Esta discusión se hizo evidente y obtuvo mayor atención a raíz del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo este tiene un precedente exitoso en lo electoral y mediático que abrió todavía mas el apetito de la clase política: la Ley de la jibia.

¿Que ocurrió? El año pasado diputados del PC y la DC, presentaron una moción para que la jibia fuera capturada con un solo método artesanal conocido como “potera” y excluyendo otros aperejos de pesca, también artesanales e industriales. El gobierno señaló que el proyecto era inconstitucional, luego anunció que lo llevaría al tribunal constitucional, y más tarde aplicaría un veto para que este no se convirtiera en un proyecto de Ley de la República. Pero nunca materializó ninguna de estas acciones. Pues bien, el proyecto recibio apoyo abrumador desde todas las bancadas políticas y hoy rige para todo el sector pesquero nacional. En ese proceso además, no se atendió a los informes técnicos ni estudios, como tampoco se escuchó la voz de expertos y de los propios actores, quienes alertaron de las nefastas consecuencias de legislar solo por prejuicios y motivos.

¿El resultado? Es el cierre de tres plantas procesadoras de jibia, el despido de 1700 trabajadores, la mitad de ellas jefas de hogar, el retiro de operación de tres naves pesqueras industriales, la perdida de contratos internacionales de exportación y la consiguiente desconfianza de los mercados externos de los proveedores chilenos de jibia de alto valor agregado para consumo humano.

Resulta preocupante lo que ocurre en nuestro debate publico, y por ello, queremos alertar que 19 iniciativas que no cumplen mínimos constitucionales de un país que se precia estable y que pueden seguir avanzando en medio de la complacencia de las autoridades y al calor de un dialogo de sordos, entre los que dictan las encuestas y lo que el país necesita para desarrollarse y crecer en beneficio de todos.

De todos estos proyectos inconstitucionales, la pesca industrial ha sido “distinguida” con tres: anulación de la Ley de Pesca (acción inexistente en el ordenamiento jurídico chileno), Ley de jibia; y de esta semana, otra moción que elimina la pesca de arrastre (facultad exclusiva del Ejecutivo) para la captura de la merluza.

Es triste como dramático comprobar el animo de una parte importante de la clase política, tanto en el gobierno como en el Congreso, que se han puesto a corregir los asuntos del país pesquero, haciendo desaparecer la pesca industrial sin mirar la evidencia internacional, ni menos aún fundamentos técnicos y científicos.

El país requiere elevar el nivel del debate, asumir que las buenas leyes, aquella que son justas y generan estabilidad y cimientos solidos, requieren de un fondo tecnico para observar el largo plazo y sortear calculos breves a los que obligan los ciclos electorales. En ese desafío la clase política tiene una tarea de la mayor seriedad.