Hay organizaciones de la zona que, derechamente, reconocen no estar preparados para enfrentar una medida de este tipo.
Además, la actual administración anunció que si la inflación acumulada en 12 meses supera el 7% en diciembre, el salario mínimo llegará entonces a los $410 mil a partir de enero del próximo año.
Respecto a la determinación, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, explicó que esta se acordó en común acuerdo con los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo, en una mesa en la que participó la CUT. En la instancia se consideró el incremento que han evidenciado los precios de diferentes productos clave para las familias.
«Nosotros esperamos mejorar en relación a todas estas personas que todavía no han recuperado sus trabajos, y ahí tenemos afectadas principalmente a mujeres. Se pretende incentivar con otras medidas esta situación para que muchas personas salgan de la informalidad y se traspasen a la formalidad», precisó Quintana.
Análisis local
Algunos sectores sostuvieron que este aumento es sumamente importante. Paola Zúñiga, presidenta de la CUT Provincial de Concepción, sostuvo que «para nosotros es fundamental que el sueldo mínimo vaya subiendo y logre superar la línea de la pobreza, que es lo que ha planteado la CUT desde un principio, así como superar los $500 mil de sueldo mínimo. Entendemos que hoy las cosas no pueden solucionarse en dos meses, por lo que se agradece la intención de poder mejorar el sueldo de los trabajadores».
Una postura similar tuvo el gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, Ronald Ruf, quien manifestó que «se trata de un acuerdo relevante para el país y para los trabajadores. Si bien es cierto que las condiciones económicas de nuestro país y del mundo no son las más propicias, se requerirá un esfuerzo adicional».
Eso sí, Ruf dijo que será relevante conocer los detalles del mecanismo de gradualidad, lo que posibilitará, a la postre, que las micro, pequeñas y medianas empresas no presenten mayores complejidades al abosorber nuevos costos. «Esperamos conocer el detalle del proyecto que presentará el gobierno, con el objetivo de continuar avanzando en este proceso», declaró Ruf.
A diferencia de estos actores, hubo otros que exhibieron preocupaciones más nítidas. El gerente general de Asexma Biobío, Alfredo Meses, valoró el aumento como un avance importante, pero manifestó que es inquietante el hecho de que este análisis se esté concretando bajo una mirada centralista.
«Siento que la realidad de las pymes es muy distinta en las regiones. Yo extraño que se haga un análisis técnico y territorial, creo que es necesario hacerlo. Ese análisis debería ser un elemento necesario para saber cómo estamos enfrentando este reinicio de actividades postpandemia (…) Hay que hacer los estudios pertinentes para que no se termine perjudicando la vialidad de las empresas de menor tamaño», advirtió.
Desde Somos Pyme Biobío, en tanto, reconocieron que sus asociados no se encuentran hoy preparados para concretar un ajuste de este tipo.
«La economía en la Región se sustenta principalmente en empresas exportadoras derivadas de la actividad industrial, forestal, pesquera, manufacturera y la de servicios (…) Es en nichos específicos de actividad económica, en especial los desarrollados por las pymes, donde se puede producir un mayor impacto si este aumento del sueldo mínimo legal no viene apalancado con un apoyo real a este segmento de la actividad económica», recalcaron.
